Orienta PAE, violación a la confidencialidad y a la ley de protección de datos personales

He escrito antes, sobre la injusticia que se cometió en agosto de 2021, cuando fui despojado de mi empleo (despido injustificado) por haberme negado a aceptar la injusticia, pues habiendo sido objeto de violencia laboral (acoso) perpetrada por un mal compañero a quien se le conocía como una de las personas más dañinas de toda la empresa, con amplios antecedentes de acoso laboral, protegido por la persona que tenía más poder en toda la compañía, el personal de recursos humanos manejó el asunto como si nadie me hubiera hecho nada. Sabían que yo vivía con diagnóstico de enfermedad mental, era paciente psiquiátrico y atribuyeron mi malestar a mi patología, cometiendo una verdadera vileza. La empresa se las daba de “socialmente responsable,” donde “no se permite la discriminación”, exhibía su “código de ética” (algo verdaderamente obsceno, rayando en la impudicia) y para su cumplimiento, contaba con un “comité de ética”, un grupo de personas que quién sabe quiénes eran, y su labor consistía en realizar farsas y simulaciones. 

En algún momento en el año 2019, se subcontrató a una empresa de nombre Orienta PAE (programa de asistencia a empleados), ubicada en Santiago de Querétaro, que brindaría orientación médica y emocional (estos servicios estaban disponibles los 365 días del año, 24 horas y se ofrecían de forma “ilimitada”) y otras, como nutricional, jurídica, de economía familiar, mascotas, etc. 

Uno de los objetivos sería coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad de la entidad que regula los asuntos laborales en el país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en particular la norma oficial mexicana NOM 035 STPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2018, cuyo cumplimiento sería de carácter obligatorio, no opcional. 

Comencé a hacer uso de ese recurso y al cabo de un tiempo breve, comuniqué a Orienta PAE mi preocupación respecto a que violaran la confidencialidad. La persona con la que hablé (vía telefónica), respondió con los argumentos típicos, carentes de todo sentido, mencionando su “política de privacidad” y demás, todo lo cual, frecuentemente no son otra cosa que un entramado de farsas y simulaciones. 

Mi situación laboral era muy precaria, pues me veía obligado a vivir en la indefensión. No podía decir a ninguna persona de la empresa (debía atender ese tipo de asuntos el personal médico, que pertenecía al departamento de recursos humanos) que mi malestar era permanente porque el acosador manipulaba a sus allegados y subalternos (ocupaba un puesto de jefatura, gestión de la tecnología), mismos que mostraban hostilidad hacia mí de todas las formas posibles, sin que yo les haya dado el menor motivo. De haber intentado comunicarlo a alguien, me habrían preguntado si estaba acudiendo a mis citas en psiquiatría, si tomaba mis medicamentos, etc., pues de no hacer todo eso, me imaginaría que alguien me acosaba, mostraba hostilidad contra mí, etc. 

Cambié de opinión y decidí hacer uso del servicio de orientación emocional, que me fue muy útil porque fui atendido por una psicóloga de nombre Érika Maya, muy competente, empática y respetuosa. Cuando ella no estaba disponible por motivos de horario o cualquier otra razón, me atendía una colega suya de nombre Blanca Nava, otra persona excelente en todos sentidos. 

No obstante, hubo un mal empleado, de nombre Edgardo Moreno, que en dos ocasiones, en octubre de 2020, hizo lo más que pudo para evitar que Blanca Nava me atendiera en un momento de crisis. Pese a su oposición, la dama tomó la llamada en ambas ocasiones y me brindó una ayuda para mí muy necesaria. Ese mal individuo, Edgardo Moreno, no se conformó con intentar perjudicarme con toda su energía, sino que reportó a la empresa donde yo trabajaba que lo había agredido verbalmente, con intención de vengarse por no haberse salido con la suya al intentar perjudicarme en la mayor medida posible. 

Tanto Érika Maya como Blanca Nava, se enteraron de la situación que yo había vivido durante un tiempo muy prolongado, típica en que un agresor es arropado y protegido, mientras se trata al agredido como un problema grave, una calamidad, y no echarlo a la calle representa un ejemplo de filantropía de parte de la empresa; todo lo cual no es otra cosa que el caso típico en que se añade insulto a la injuria. 

Mi malestar creció y un martes 3 de agosto, la mujer que ocupaba el puesto de dirección del departamento al que yo pertenecía, que era la persona que tenía más poder en toda la empresa (incluso más que los dueños), a la que había secuestrado, me comunicó que Orienta PAE me había “restringido” sus servicios; lo cual en realidad significaba que me había despojado de los mismos. 

Durante todo el tiempo que ha pasado, he pensado en la posibilidad de que eso no fuera cierto. Puesto que me lo dijo esa mujer, la directora de ese departamento, en su oficina, estando ella y yo solos, con la puerta cerrada, no tengo forma de demostrarlo. Pensé que con el poder que tenía, que parecía absoluto, pudo haber obligado al personal de recursos humanos (incluso a su director) a comunicar a Orienta PAE alguna falsedad, como que se había puesto fin a mi relación laboral con la empresa o algo similar. 

Sin embargo, he llegado a pensar, después de 15 meses de haber sido despojado de mi empleo, que tal vez, lo que dijo esa mujer terrible (de hecho una delincuente) fuera cierto, que el director de Orienta PAE haya reportado que yo hice “un uso excesivo del servicio” (que se ofrece como ilimitado), que “había hablado con ocho psicólogos”, que “no estaba siguiendo mi tratamiento”, etc. De haber sucedido eso, Orienta PAE no solamente habría violado la confidencialidad, sino también la ley de protección de datos personales, lo cual, es un acto ilícito, un delito. 

Fue triste no poder despedirme de Érika Maya y de Blanca Nava, ambas psicólogas del servicio de orientación emocional en Orienta PAE, por las que siento gratitud y afecto por la ayuda que me brindaron. 

De ser cierto lo que me comunicó la empresa a la que yo pertenecía, que Orienta PAE me despojó de sus servicios y al hacer tal cosa violaron la confidencialidad y la ley de protección de datos personales, Orienta PAE, Santiago de Querétaro, sería otro ejemplo de una entidad cuyo único propósito es perseguir el lucro, no tiene intenciones de ayudar a nadie y no le importa el daño que pueda causar a nadie al hacer lo más opuesto a lo que sería su función. 

Parte de una realidad terrible en un mundo en descomposición. 

Consumación de una injusticia, segunda parte

No recuerdo bien si a finales de 2019 o principios de 2020, la empresa subcontrató a otra empresa que brinda asesoría a empleados en temas legales, financieros, de salud física y de salud mental, nutrición, mascotas, etc. El nombre de esa empresa subcontratada es Orienta PAE y tiene su base en el estado mexicano de Querétaro. 

Yo comencé a usar la asesoría emocional (que se brinda las 24 horas todos los días del año, junto con la asesoría médica) con reservas, pues temía que se violara la confidencialidad, pese a que uno de los compromisos era no hacer eso jamás, a menos que el usuario expresara intenciones suicidas. 

Usé dicho servicio y una psicóloga de nombre Érika Maya me daba el seguimiento. Fuera de su horario, por ejemplo, en caso de una crisis o de mucha necesidad, me atendía otra psicóloga de nombre Blanca Nava. Ambas se enteraron de mis dificultades en el trabajo y del acoso del que fui objeto, perpetrado por Omar Jaudiel Correa Cárdenas, a quien la directora de nuestro departamento, Silvia Romero Medina había convertido en un intocable. 

En relación con eso, informé a esas dos psicólogas que el poder de esa directora era tal que cualquier empleado era susceptible de perder su trabajo en el momento en que ella así lo decidiera; lo único que tenía que hacer es decirle a uno de los miembros de la familia dueña de la empresa “córreme a este” y en ese momento, el señalado era echado a la calle. Análogamente, si ella convertía a alguien en un intocable (como Omar Jaudiel Correa Cárdenas, el Delincuente Narcisista), no se le tocaba con el pétalo de una rosa, hiciera lo que hiciera. 

Aquel martes 3 de agosto de 2021, esa directora, me pidió que hablara con ella en su oficina, con la puerta cerrada. Me preguntó sobre la atención psiquiátrica que recibía y yo le informé que la había suspendido, pues en la institución no estaban atendiendo por la pandemia, el Covid 19. Esa mujer pretendió manejar las dificultades de las malas acciones de su intocable con todas sus derivaciones como si la responsabilidad fuera mía, por mi salud mental no óptima. El jueves de la semana siguiente, 12 de agosto, Silvia Romero Medina me pidió de nueva cuenta que hablara con ella en su oficina, otra vez con la puerta cerrada, y ahora hizo gala de deshonestidad e indecencia. 

Me dijo que Orienta PAE, esa empresa subcontratada por la empresa, había reportado a la empresa donde yo trabajaba, Productos Maver, que yo no estaba siguiendo mi tratamiento farmacológico. Aquí quiero decir que eso era cierto, pero la violación de la confidencialidad no está justificada. La señora directora, pretendió manejar el asunto de mi salud mental (padezco un trastorno límite de la personalidad, TLP) como si padecer una patología hiciera de mí un delincuente, una amenaza social y un peligro para quien se encontrara cerca de mí. En el tiempo que yo llevaba en la empresa, jamás me habían levantado un RAV (iniciales de reporte de amonestación verbal) porque jamás cometí una falta de disciplina, gané casi todos los bonos de puntualidad y asistencia y casi todos los premios de productividad y los crímenes más graves que cometí fueron dos llegadas tarde; una de un minuto, otra de cinco. Además, en cada una de las evaluaciones anuales, recibí puntuaciones altas. 

En otras palabras, mi expediente era el de un empleado excelente. Me disculpo si decir tal cosa de mí parece pedantería. 

Además, según esa señora, la directora de ese departamento, yo había agredido a guardias de seguridad, personal del comedor, compañeros y quién sabe quién más. De ser esto cierto, yo habría sido despedido años antes (literalmente, años antes) y el despido habría sido justificado, no se me habría liquidado. 

Dijo la señora directora, Silvia Romero Medina, que Orienta PAE había reportado además que yo había “hecho un uso excesivo del servicio (de orientación emocional), había hablado con ocho psicólogos”, cuando al ofrecernos sus servicios, Orienta PAE había presentado la orientación emocional y la orientación en salud como “ilimitada”. 

No sé si el director de Orienta PAE decidió retirarme sus servicios (como me dijo Silvia Romero Medina el martes 3 de agosto) y si esa empresa subcontratada argumentó ese “uso excesivo”, pues esa mujer tenía tanto poder dentro de la empresa que podía obligar a la gente de Recursos Humanos a secundarla en propagar falsedades, por lo antes mencionado.

Si Orienta PAE violó la confidencialidad y al hacerlo contribuyó a la infamia y la violencia que se perpetró, tocará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tomar medidas a ese respecto y hacer lo que proceda. 

Ese será el objetivo del paso que me dispongo a dar. 

Consumación de una injusticia, primera parte

Durante el fin de semana, más el domingo, pensé en lo que sucedió en esa empresa farmacéutica donde pasé seis años y tres meses de mi vida. Ser contratado en abril de 2015, siendo mi fecha de ingreso el día de mi cumpleaños 51, pareció ser uno de los acontecimientos más afortunados de mi vida; y en cierta forma lo fue, durante algún tiempo. 

He mencionado antes que las dificultades laborales se agravaron a mediados de 2017, en junio, cuando regresé de una incapacidad de seis semanas por una fractura de clavícula, por un accidente en la práctica de mi deporte, el ciclismo de ruta. Un mal compañero, que en ese momento tenía 10 años de antigüedad en la empresa y ocupaba un puesto de jefatura, comenzó a hacerme la vida difícil y así, la segunda mitad de ese año 2017, se convirtió en una pesadilla. 

En marzo de 2018 fue contratado un nuevo director de Recursos Humanos. Un poco antes de su llegada, yo había enviado un escrito, vía Outlook, al “comité de ética”, una de esas cosas que no sirven absolutamente para nada, sin saber a quién me estaba dirigiendo. Quien haya recibido el documento hizo caso omiso del mismo y jamás recibí ninguna respuesta. Yo conocía al nuevo director de RH, de vista, y un día a mediados de abril, a punto de cumplir tres años en la empresa, fui a su oficina y hablé con él; pareció una buena experiencia.

En agosto de 2018, se contrató a una mujer para un puesto de gerencia recién creado, que sería jefa directa del Delincuente Narcisista. La semana anterior a su llegada, estando de vacaciones la directora del departamento al que el Narciso y yo pertenecíamos —la persona con más poder dentro de toda la empresa, por haber dado a ganar muchísimo dinero— envié al director de RH un documento informándole de las malas acciones de ese acosador (el Delincuente Narcisista) al que se conocía como una de las personas más dañinas de toda la empresa. La directora de mi departamento regresó la semana siguiente, y el director de RH habló con ella sobre el asunto que yo le había expuesto. Esa mujer, de nombre Silvia, habló conmigo en su oficina con la puerta cerrada y se comprometió a “observar a Omar”, el Narciso acosador. La siguiente semana llegó la mujer que ocuparía el puesto de gerencia recién creado, y me fue presentada. Yo me mostré amable con ella, como lo había hecho con cada persona que había llegado al departamento, pero el Narciso se dio a la tarea de manipularla de inmediato; nuestra directora le había dicho que me dejara en paz (había hecho eso mismo mucho tiempo antes) y él tomó la advertencia como un acicate. 

En las semanas que siguieron, durante el mes de septiembre, la nueva gerente (de nombre Blanca) comenzó a agredirme sistemáticamente. Nos encontrábamos de frente con bastante frecuencia, podríamos decir cotidianamente, porque el lugar de ella se encontraba en un área a espaldas de mi escritorio. Ella me miraba con una tremenda hostilidad, y una vez que yo hablaba con nuestra directora en su oficina, con la puerta abierta, de pronto miré a mis espaldas y descubrí a Blanca mirándome como a la persona más despreciable del mundo. A esta mujer agresiva no se le ocurrió pensar que lo que le había dicho su subalterno de mí, podía no ser cierto. Este es un caso de violencia de género, pero a la inversa; una mujer agrede a un hombre sin el menor motivo; por haber hecho eso, ella debió ser dada de baja, pues que un mal individuo le haya dicho falsedad y media no es justificación para agredir a nadie y su subalterno había cometido el delito de difamación de honor, daño moral, mismo que por órdenes de nuestra directora, el personal de la empresa se encargó de encubrir, incurriendo en un segundo delito. 

La crisis se presentó a principios de octubre de 2018 y cuando yo acudí a esa directora, Silvia, ella se dirigió a Recursos Humanos, a su director y el médico que ocupaba la jefatura de servicios médicos, y les ordenó (pese a que no le reportaban a ella) que manejaran el asunto como si el problema fuera yo. Al cumplir un año en mi empleo, en los últimos días de abril de 2016, el médico se había enterado de que yo padecía un trastorno psiquiátrico y llegado el momento, usó eso contra mí. 

Se me pidió entonces que acudiera a la institución donde recibía la atención psiquiátrica a pedir un “dictamen” sobre mi tratamiento y su proceso, como si padecer alguna patología mental fuera un delito. Por órdenes de esa directora, Silvia Romero Medina, el director de Recursos Humanos y su subalterno, el médico Eduardo Bishop Montoya, adoptaron la postura de que nadie me hizo nada y mi mente enferma me había jugado una mala pasada, el loquito se había imaginado todo. Se me separó de mi trabajo durante casi dos semanas (un total de ocho días hábiles) y cuando regresé, el médico me pidió que fuera a hablar con él cada dos lunes, para que él evaluara mi estado anímico. Este señor, Eduardo Bishop Montoya, es un médico general que se las da de “doctor” (como la inmensa mayoría de sus colegas) era un bien conocido inútil, de un nivel intelectual deplorable (analfabeta funcional, carente de la capacidad de hacer cálculos aritméticos de tercer año de primaria) cuya apariencia refleja una terrible salud tanto física como mental (presenta un adelanto en su reloj biológico de por lo menos 10 años), además de un patán cobarde (trata muy mal a quienes le reportan y muestra una actitud muy hostil hacia la mayoría de los empleados.

Con tres años y medio de antigüedad en mi trabajo, un cierto número de personas se habían dado cuenta de que mi nivel intelectual era más alto que el promedio, en una medida significativa. No obstante, ese señor, el médico, me dijo una vez, mientras hacía su “evaluación” sobre mi estado mental, que el Delincuente Narcisista, Omar Jaudiel Correa Cárdenas, era “un tipo como cualquier otro, sin grandes virtudes pero también sin grandes defectos”. 

Así, este débil mental (que a todas luces apenas rebasa el límite inferior en la puntuación para librar la deficiencia mental) pretendió hacer gala de una inequívoca superioridad intelectual, algo verdaderamente inconcebible. 

Esa empresa, Productos Maver, se anuncia como “incluyente”, que da empleo a “todos los talentos, personas convencionales y con otras capacidades”. Y anunciándose así, y autoproclamándose “empresa socialmente responsable” y con letreritos por aquí y por allá que rezan “en Maver no se permite la discriminación”, manejaron mi asunto, la violencia laboral de que fui objeto —incluso con la comisión de delitos— como inexistente, una manifestación de mi patología, de mi locura. La Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM 035 STPS) que se ocupa de la identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, quedó sin el menor efecto, cuando su cumplimiento no es opcional, sino obligatorio. 

A partir de ese mes de octubre de 2018, mi situación se hizo todavía más difícil, pues el Narciso continuó haciendo de las suyas, manipulando a muchos integrantes del departamento (sobre todo a quienes le reportaban, que en su mayoría eran además sus amigos) y yo tenía que vivir en la indefensión, no tenía nadie a quien recurrir. De haberme dirigido a Recursos Humanos, me habrían preguntado “¿tienes pruebas?” y la directora, Silvia Romero Medina (que había convertido ese departamento en su coto de poder) argumentaría “Oscar ya se imaginó que alguien le hizo algo, que alguien lo difamó, que sus compañeros muestran hostilidad contra él”. 

Conforme ha pasado el tiempo, los casi 11 meses desde aquel martes 17 de agosto en que fui despedido, me he ido dando cuenta de la gravedad de todo esto y he vivido un estrés postraumático. 

Independientemente de lo que haya sucedido en relación con posibles consecuencias para la empresa y las personas que participaron en todo lo arriba mencionado, tengo intenciones de escribir un documento y hacerlo llegar al organismo gubernamental que regula los asuntos laborales en mi país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Violencia y despojo laboral, segunda parte

Volviendo al tema de mi último encuentro con la directora del que era mi departamento, Silvia Romero Medina, debo agregar que presa de una furia homicida, esa mala mujer me informó que al día siguiente, viernes 13 de agosto, iba a sostener una junta con el director general de la compañía, en la que ella decidiría si me despedía; esto último era ya, en ese momento, una certidumbre.

Al mencionar a esa empresa subcontratada, Orienta PAE, Programa de Asistencia a Empleados, Santiago de Querétaro, me dijo Silvia Romero Medina que su director había decidido retirarme sus servicios (lo mismo que me había dicho el martes de la semana anterior, 3 de agosto) y eso le daría muy mala imagen a la empresa donde yo todavía trabajaba. No entiendo cómo podría suceder esto último, pues hasta donde yo sé, la información no fue difundida en ningún medio informativo local, nacional, ni mucho menos internacional. 

Agregó además que ese señor, el director de Orienta PAE había reportado que yo había hecho un “uso excesivo del servicio”, que había hablado con ocho psicólogos.

Como dije antes, no sé si todo este asunto de la comunicación de Orienta PAE y el supuesto retiro de sus servicios sea cierto, pues esa mala mujer es capaz de mentir a ese respecto; de hecho, la señora es una verdadera delincuente. 

Si lo que me dijo esa señora, la directora del departamento al que yo pertenecía, era cierto, en relación con Orienta PAE, el personal de esa empresa habría violado la confidencialidad, pues en lo referente a ese servicio de orientación emocional, se comprometen a no dar ninguna información sobre los temas tratados por el usuario, a menos que este tenga intenciones de quitarse la vida; por supuesto, esto último no era el caso. Además, si se ofrece ese servicio de orientación emocional de forma ilimitada, no pude haber hecho “uso excesivo” y comunicar eso a la empresa llevaría la intención de hacer el mayor daño posible.

Si el personal de Orienta PAE hizo lo antes indicado, habría incurrido en faltas muy graves que debería atender la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mas vuelvo a aclarar que no sé si eso ocurrió. 

Mencioné en un párrafo anterior que Silvia Romero Medina es una verdadera delincuente porque haciendo uso del poder sin límites que tenía dentro de la empresa, por órdenes suyas, se generó documentación falsa para el desarrollo de productos (medicamentos). Se redactaban informes de pruebas de química analítica que nunca se hicieron, y cuando las pruebas sí se hacían y arrojaban resultados no aprobatorios, estos se falseaban. Esa documentación se usaba para trámites ante COFEPRIS o para presentar evidencia durante las auditorías periódicas de ese organismo gubernamental regulatorio. 

Mi intención al dar a conocer esta información es que los actos indebidos cometidos por personas como Silvia, su intocable Omar e incluso el médico de la empresa, no queden impunes. 

En relación con Orienta PAE, quisiera expresar mi gratitud a las psicólogas Érika Maya, que me daba el seguimiento; y a Blanca Nava, que me atendía cuando Érika no estaba disponible o yo estaba pasando por momentos muy difíciles. 

Violencia y despojo laboral, primera parte

Un martes 3 de agosto de 2021, usé el servicio de asesoría emocional de Orienta PAE (programa de asistencia a empleados, Santiago de Querétaro) vía telefónica, cuyo seguimiento me daba la psicóloga Érika Maya. Posiblemente hice esto alrededor de la una de la tarde.

Unas dos horas más tarde, la directora de mi departamento en esa farmacéutica, Silvia Romero Medina, me pidió que hablara con ella en su oficina con la puerta cerrada. Me dijo entonces que el director de Orienta PAE me había restringido la atención, una expresión inexacta pues en realidad lo que había hecho era retirarme todos sus servicios. Aquí es necesario aclarar que no sé si eso sea cierto, pues esa mala mujer parecía muy capaz de idear algo así, hacerme creer que se había tomado esa medida, confiando en que yo no haría nada para comprobar que así hubiera ocurrido. De hecho, yo pregunté ¿puedo hacer una última llamada? No te lo recomiendo, respondió ella.

En los días que siguieron, enfrenté situaciones que ya se habían vuelto rutinarias, pero no por ello para mí menos lesivas. Compañeros que unos meses antes habían llegado al departamento al que yo pertenecía comenzaron a evitarme, lo cual yo atribuí a que mi antagonista, un mal compañero que había comenzado a hacerme la vida difícil cuatro años antes (2017) y durante agosto, septiembre y octubre de 2018 había hablado falsedades sobre mi persona a su jefa directa (recién llegada a la empresa), incurriendo en delito de difamación de honor, daño moral, seguía haciendo de las suyas. El nombre de ese mal individuo es Omar Jaudiel Correa Cárdenas, se le conocía por toda la empresa como una persona muy dañina, un intocable por la protección que le brindaba Silvia, esta última, la persona con más poder en toda la empresa.

Poco tiempo antes se había aplicado la encuesta anual de clima laboral, que yo me negué a responder porque pese a que cada vez que se aplicaba se obtenían resultados terribles, peores que los del año anterior llegando incluso a una gravedad que podría calificarse de catastrófica, no se hacía nada para cambiar el terrible ambiente de trabajo, sin importar que se violara la norma oficial mexicana NOM 035 STPS para identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio, no opcional. 

El personal de recursos humanos estaba imposibilitado para hacer su trabajo porque Silvia Romero Medina había convertido ese departamento de Desarrollo en su coto personal, su voluntad era absoluta y no permitía que nadie moviese un dedo para cambiar algo. Si el director de recursos humanos hubiera intentado hacer su labor, contraviniendo la voluntad de Silvia, esta habría dicho al dueño “córreme a este” y ese hombre habría perdido su trabajo en ese momento. Eso mismo habría enfrentado cualquier empleado de la empresa que hubiese hecho cualquier cosa que contraviniera la voluntad de esa mala mujer. 

Por ello, no me parece descabellado suponer que el personal de recursos humanos se vio obligado a secundar a Silvia cuando me informó que ya no contaba con ningún servicio de Orienta PAE, del cual yo hacía uso frecuente de la asesoría emocional. Incluso, busqué a la gerente de recursos humanos el jueves 12 de agosto y ella me confirmó que lo que me había dicho Silvia, lo cual no confirma que eso fuera cierto, pues esa gerente de recursos humanos pudo haberse visto obligada a mentir a ese respecto, por lo antes mencionado.

Horas más tarde, ese mismo día, jueves 12 de agosto, Silvia me pidió que hablara con ella en su oficina, otra vez con la puerta cerrada. Ahora mostraba una furia que parecía homicida. Me dijo que debía mostrar evidencia de que estaba recibiendo atención psiquiátrica, como si haber sido objeto de violencia en mi lugar de trabajo (tan grave que involucró las conductas delictivas de Omar Jaudiel Correa Cárdenas, un bien conocido acosador) hiciera de mí un delincuente o algo parecido, un peligro para otras personas.

En octubre de 2018, yo había tomado un día de descanso a cuenta de vacaciones y había comunicado a Silvia, por WhatsApp, que su gerente recién llegada, jefa directa de Omar Correa, había estado agrediéndome sistemáticamente y yo atribuía ese comportamiento a que había sido manipulada por su subalterno. Ella se dirigió al gerente de recursos humanos para ordenarle (aunque él no le reportaba a ella) que me mandara llamar para responder por mis gravísimas faltas. 

Recibí una llamada a mi celular proveniente del médico que ocupaba la jefatura de servicios médicos, de nombre Eduardo Bishop Montoya, que me pedía que acudiera a la empresa a la una de la tarde para reunirme con él y con su jefe directo, el jefe de recursos humanos. Así lo hice y ellos me pidieron que acudiera a la institución pública donde recibía la atención psiquiátrica y solicitara un “dictamen” sobre el curso de mi tratamiento.

Resulta fácil deducir que a ese director de recursos humanos, que había llegado a la empresa unos siete meses antes, se le había informado que todos los empleados de la empresa eran susceptibles de ser despedidos si Silvia se lo ordenaba al dueño de la compañía. Se me separó de mi labor durante casi dos semanas, manejando el asunto como si nadie me hubiera hecho nada y mi percepción de haber sido agredido se hubiera dado como una manifestación de mi patología. 

Esto fue una verdadera vileza, muy representativa del tipo de violencia que se ejerce contra las personas que viven con un diagnóstico de enfermedad mental, un verdadero estigma. Cuando son agredidas, de forma verbal, con golpes físicos o incluso son objeto de abuso sexual o violación, sus quejas o denuncias son descalificadas, argumentando que sus patologías son la causa y origen de su percepción de haber sido violentadas.

Y así esa empresa farmacéutica se anuncia como incluyente, que acepta personas “convencionales” y con algún tipo de discapacidad; por añadidura, afirman que en su compañía no se permite la discriminación y cuentan con un código de ética. Además, ostenta el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, todo lo cual representa una verdadera afrenta contra la dignidad de muchos de sus empleados. 

Orienta PAE, recapitulando

Hace más de una semana fui despedido de mi empleo, que desempeñé durante seis años y tres meses, entre abril de 2015 y agosto de 2021.

Al parecer (no puedo asegurarlo), el detonante fue un comunicado de Orienta PAE (programa de asistencia a empleados, Santiago de Querétaro) en el que el director de ese negocio envió escritos vía correo electrónico a la empresa donde yo trabajaba, para comunicar al personal de Recursos Humanos, que había decidido despojarme de sus servicios, algo improcedente y dañino para mí, pues la directora del que fue mi departamento, eximió esa decisión como un arma para echarme a la calle, despedirme sin justificación.

Hice uso de ese recurso, de la “orientación emocional”, misma que me brindaba una psicóloga de nombre Érika Maya, con quien llevaba el seguimiento. Cuando no era posible que ella me atendiera, por motivos de horario o ausencia por vacaciones o cualquier otra causa, lo hacía su compañera y colega, de nombre Blanca Nava.

No recuerdo si comencé a hacer uso de ese servicio en diciembre de 2019 o enero de 2020, pero sí que la última llamada, con Érika Maya, la hice el martes 3 de agosto; unas horas más tarde, la directora de mi departamento (una persona terrible), me comunicó que Orienta PAE había decidido despojarme de ese servicio y todos los que ofrece.

No sé a cuántas empresas brinda sus servicios Orienta PAE. En mis diálogos con compañeros de trabajo, pregunté a un buen número de ellos si hacían uso de ese recurso, y ninguno me dio una respuesta afirmativa; algunos me dijeron que temían que Orienta PAE no respetara la confidencialidad y diera información a la empresa donde trabajábamos, que podría usar en contra nuestra. Tal temor no me pareció infundado y por supuesto, no se me ocurrió que pudiera sucederme a mí.

Esto último porque yo consideraba a la psicóloga que me daba la atención (el seguimiento), Érika Maya, una mujer de alto nivel intelectual, bien preparada y profesional, y confiaba en que lo que yo le dijera, no sería divulgado. Aquí hace falta aclarar que las psicólogas escriben algo así como una ficha con datos sobre la fecha y la hora de la llamada, los temas que tocó el usuario, su problemática, etc. No me atrevo a acusar a Érika de haber hecho algo indebido, de hecho, siento gratitud por el buen trato que me dio y la ayuda innegable que eso me aportó. Creo más bien, que de ser cierto lo que me dijo la que fue mi directora (una persona que se ha hecho de muchísimo poder dentro de la empresa, con el cual ha cometido grandes abusos e incluso ilícitos), que el director de Orienta PAE había decidido negarme todos sus servicios y así lo había comunicado vía correo electrónico al director de Recursos Humanos de la empresa donde yo trabajaba, ese mal individuo (el director de Orienta PAE), hizo mal uso de la información almacenada sobre mí, argumentando incluso absurdos, como que yo había hecho un uso excesivo del servicio de orientación emocional (que se ofrece como ilimitado) y violando la confidencialidad al afirmar que yo no estaba siguiendo mi tratamiento farmacológico para mi patología (trastorno límite de la personalidad, TLP).

La otra psicóloga, de nombre Blanca Nava, me atendió ocasionalmente, pero lo hizo excepcionalmente bien. Se trata de una mujer inteligente, sensible, bien preparada, empática y muy humana. Como había mencionado antes, en octubre de 2020, hallándome en crisis, intenté comunicarme con ella, y un supervisor de nombre Edgardo Moreno hizo lo más que pudo para que se me negara la atención (un acto absolutamente indebido, que debería ser causal de despido); esto sucedió en dos ocasiones. Pese a su oposición, la psicóloga Blanca Nava tomó la llamada en ambas ocasiones y me salvó de caer en una crisis que muy probablemente, habría imposibilitado que pudiera conciliar el sueño, y ello habría provocado que al día siguiente tomara el día laboral a cuenta de vacaciones, o como permiso sin goce de sueldo.

Empleados de Orienta PAE como Érika y Blanca son personas correctas, valiosas, decentes y honestas; no así otros, como su director, que (según me dijo mi directora y otra persona de Recursos Humanos), decidió despojar de sus servicios y causar un daño severo a alguien que necesitaba mucho la orientación emocional, padeciendo una patología grave, dando con ello elementos a malas personas de la empresa donde yo trabajaba (como esa directora del departamento al que pertenecí y el jefe de servicios médicos, personas verdaderamente muy dañinas) para que se pusiera fin a mi relación laboral con la empresa.

En resumen, Orienta PAE no cumple con la función que anuncia, hacer cumplir la NOM 035 STPS, para la identificación, análisis y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, y en cambio, quien haga uso de sus servicios y dé información que pudiera poner en riesgo a la empresa donde trabaja, por incumplimiento de dicha normatividad (NOM 035 STPS), corre el riesgo de ser delatado por Orienta PAE y enfrentar consecuencias por ello.

Como tantas cosas en este país, este negocio, Orienta PAE, hace lo contrario a lo que sería su función. Triste realidad.

Orienta PAE, Programa de Asistencia a Empleados

El martes de la semana pasada, 3 de agosto, personal de la empresa donde trabajo me informó que Orienta PAE, me había “restringido” sus servicios, término absolutamente impreciso, pues en realidad había decidido despojarme de los mismos.

Yo hacía uso de la Orientación Emocional (impartida por psicólogos) en parte porque padezco una patología, pero sobre todo por la violencia de la que he sido objeto en mi lugar de trabajo, donde desde mediados de 2017 (que regresé de una incapacidad por una fractura de clavícula), un mal compañero, de nombre Omar Jaudiel Correa Cárdenas, que cuenta con un largo historial de acoso laboral y es protegido por una persona que tiene mucho poder dentro de la empresa, comenzó a hacerme la vida difícil.

Esta violencia laboral, que consistía en hablar todo tipo de falsedades a mis espaldas, sembrando violencia en mi contra (lo que además está tipificado como delito, daño moral), alcanzó su clímax en octubre del año siguiente, 2018. En el mes de agosto, se había contratado a una mujer para ocupar un puesto de gerencia, a quien le reportarían dos empleados con puesto de jefatura (uno de ellos Omar Jaudiel Correa Cárdenas). Desde la llegada de esa nueva empleada, Omar Jaudiel se vio a la tarea de difamarme, lo que dio lugar a que ella comenzara a agredirme de una forma sistemática. A esa mujer no se le ocurrió pensar que lo que le había dicho su subalterno, podía no ser cierto.

Yo expresé mi malestar a la máxima autoridad del departamento al que pertenecemos todos los involucrados arriba mencionados, y ella acudió a Recursos Humanos. Esto ocurrió un martes en octubre de 2018, en que yo había tomado el día como descanso, a cuenta de vacaciones. A las once de la mañana, el médico de la empresa, de nombre Eduardo Bishop Montoya, me llamó a mi teléfono celular, pidiéndome que me presentara en la empresa para reunirme con él y con el director de Recursos Humanos, que había ingresado a la empresa unos siete meses antes.

Durante la reunión, el médico y el director de RH manejaron el asunto de una manera absolutamente incorrecta (con toda intención), como si mi malestar tuviera su origen en mi patología. Semanas antes, yo había hablado con el médico, Eduardo Bishop Montoya, mencionándole la violencia que Omar Jaudiel Correa Cárdenas había estado generando contra mí durante más de un año. Él lo había identificado como una de las personas más dañinas de toda la empresa.

El médico y su jefe directo, el director de RH, optaron por asumir la actitud de que yo era un problema para la empresa y mis dificultades se debían a la patología que padezco. El director de RH me informó que me darían los siguientes tres días hábiles (miércoles a viernes) como descanso y me pidió que acudiera a la institución donde recibo la atención psiquiátrica a conseguir un dictamen de mi tratamiento médico y su evolución.

Estas dos personas, sabían perfectamente bien que el malestar que siente un empleado que está siendo atacado, se debe a esa violencia, no a sus posibles problemas de salud mental. Incurrieron entonces en complicidad con el empleado delincuente, Omar Jaudiel Correa Cárdenas, que parece presentar un trastorno narcisista de la personalidad y cuenta con un largo historial de acoso laboral. Ha hostigado a otros empleados a lo largo de muchos años (cuenta con una antigüedad laboral de unos 14 años dentro de la empresa) y se ha convertido en un riesgo psicosocial. La impunidad que le ha obsequiado la empresa, viola flagrantemente la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social NOM 035 STPS para la identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo; además que habiéndome difamado, incurrió en conductas delictivas que la empresa encubrió, lo cual también es un delito.

Yo hablé con psicólogas de Orienta PAE durante un periodo superior a 18 meses. Le informé, sobre todo a dos de ellas, de nombre Érika Maya y Blanca Nava, de todo lo anterior, y por supuesto, de la patología que padezco.

Orienta PAE anuncia una “línea de denuncia”, término que sugiere que ese recurso tiene la función de comunicar asuntos graves (violación a la NOM 035 STPS) a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en realidad se trata de un medio para hacer llegar la información a la empresa donde se están sucediendo las irregularidades, algo por demás absurdo.

Así, habiéndose enterado de las acciones de Omar Jaudiel Correa Cárdenas en la empresa donde trabaja, de que es un riesgo psicosocial y un delincuente y la NOM 035 STPS quedó sin efecto, Orienta PAE incurrió en complicidad con esas violaciones a la normatividad y los ilícitos cometidos, y además me despojó de sus servicios, de los cuales me era muy necesario el de Orientación Emocional.

Personal de la empresa donde trabajo, me informó de manera verbal, que el Director de Orienta PAE se había comunicado a la Dirección de Recursos Humanos para informarles que habían decidido negarme sus servicios, argumentando que yo no estaba siguiendo mi tratamiento farmacológico. Independientemente de que esto sea o no cierto, Orienta PAE había comunicado en la plática de presentación, que una de sus reglas referente a esa orientación emocional, era no violar la confidencialidad, a menos que el usuario tuviera ideaciones suicidas; lo cual, por supuesto, no era el caso conmigo.

Además, Orienta PAE ofrece este servicio de Orientación Emocional como ilimitado. El usuario puede llamar cada vez que necesite la atención. El personal de la empresa donde trabajo, me comunicó también verbalmente, que el director de Orienta PAE había reportado que yo había hecho un “uso excesivo del servicio”, que había hablado con ocho psicólogos.

Meses antes, en octubre de 2020, Orienta PAE había dirigido una queja sobre mí a la empresa donde trabajo, reportando que yo había agredido verbalmente a uno de sus empleados, un supervisor de nombre Edgardo Moreno. Omitieron informar que ese individuo, en dos ocasiones, había hecho su mayor esfuerzo para que se me negara la atención, un martes y un jueves de ese mes de octubre de 2020. En ambas ocasiones, pese a su oposición, la psicóloga Blanca Nava (una dama a la que recuerdo con gratitud y afecto) tomó la llamada, algo que no yo dejo de agradecer en todo lo que vale.

Así, en mi caso, Orienta PAE no solamente no cumplió con lo que ofrece, sino que (según lo que me informó personal de la empresa donde trabajo, de forma verbal, pues jamás me mostraron los supuestos “correos” enviados por el director de Orienta PAE) intentó hacerme el mayor daño posible. Ahora estoy siendo hostigado por autoridades de la empresa, y uno de los principales agresores es ese médico de nombre Eduardo Bishop Montoya, que ante su pequeñez como “hombre”, incurre en las conductas más cobardes y vergonzosas, algo característico en él.