Consumación de una injusticia, segunda parte

No recuerdo bien si a finales de 2019 o principios de 2020, la empresa subcontrató a otra empresa que brinda asesoría a empleados en temas legales, financieros, de salud física y de salud mental, nutrición, mascotas, etc. El nombre de esa empresa subcontratada es Orienta PAE y tiene su base en el estado mexicano de Querétaro. 

Yo comencé a usar la asesoría emocional (que se brinda las 24 horas todos los días del año, junto con la asesoría médica) con reservas, pues temía que se violara la confidencialidad, pese a que uno de los compromisos era no hacer eso jamás, a menos que el usuario expresara intenciones suicidas. 

Usé dicho servicio y una psicóloga de nombre Érika Maya me daba el seguimiento. Fuera de su horario, por ejemplo, en caso de una crisis o de mucha necesidad, me atendía otra psicóloga de nombre Blanca Nava. Ambas se enteraron de mis dificultades en el trabajo y del acoso del que fui objeto, perpetrado por Omar Jaudiel Correa Cárdenas, a quien la directora de nuestro departamento, Silvia Romero Medina había convertido en un intocable. 

En relación con eso, informé a esas dos psicólogas que el poder de esa directora era tal que cualquier empleado era susceptible de perder su trabajo en el momento en que ella así lo decidiera; lo único que tenía que hacer es decirle a uno de los miembros de la familia dueña de la empresa “córreme a este” y en ese momento, el señalado era echado a la calle. Análogamente, si ella convertía a alguien en un intocable (como Omar Jaudiel Correa Cárdenas, el Delincuente Narcisista), no se le tocaba con el pétalo de una rosa, hiciera lo que hiciera. 

Aquel martes 3 de agosto de 2021, esa directora, me pidió que hablara con ella en su oficina, con la puerta cerrada. Me preguntó sobre la atención psiquiátrica que recibía y yo le informé que la había suspendido, pues en la institución no estaban atendiendo por la pandemia, el Covid 19. Esa mujer pretendió manejar las dificultades de las malas acciones de su intocable con todas sus derivaciones como si la responsabilidad fuera mía, por mi salud mental no óptima. El jueves de la semana siguiente, 12 de agosto, Silvia Romero Medina me pidió de nueva cuenta que hablara con ella en su oficina, otra vez con la puerta cerrada, y ahora hizo gala de deshonestidad e indecencia. 

Me dijo que Orienta PAE, esa empresa subcontratada por la empresa, había reportado a la empresa donde yo trabajaba, Productos Maver, que yo no estaba siguiendo mi tratamiento farmacológico. Aquí quiero decir que eso era cierto, pero la violación de la confidencialidad no está justificada. La señora directora, pretendió manejar el asunto de mi salud mental (padezco un trastorno límite de la personalidad, TLP) como si padecer una patología hiciera de mí un delincuente, una amenaza social y un peligro para quien se encontrara cerca de mí. En el tiempo que yo llevaba en la empresa, jamás me habían levantado un RAV (iniciales de reporte de amonestación verbal) porque jamás cometí una falta de disciplina, gané casi todos los bonos de puntualidad y asistencia y casi todos los premios de productividad y los crímenes más graves que cometí fueron dos llegadas tarde; una de un minuto, otra de cinco. Además, en cada una de las evaluaciones anuales, recibí puntuaciones altas. 

En otras palabras, mi expediente era el de un empleado excelente. Me disculpo si decir tal cosa de mí parece pedantería. 

Además, según esa señora, la directora de ese departamento, yo había agredido a guardias de seguridad, personal del comedor, compañeros y quién sabe quién más. De ser esto cierto, yo habría sido despedido años antes (literalmente, años antes) y el despido habría sido justificado, no se me habría liquidado. 

Dijo la señora directora, Silvia Romero Medina, que Orienta PAE había reportado además que yo había “hecho un uso excesivo del servicio (de orientación emocional), había hablado con ocho psicólogos”, cuando al ofrecernos sus servicios, Orienta PAE había presentado la orientación emocional y la orientación en salud como “ilimitada”. 

No sé si el director de Orienta PAE decidió retirarme sus servicios (como me dijo Silvia Romero Medina el martes 3 de agosto) y si esa empresa subcontratada argumentó ese “uso excesivo”, pues esa mujer tenía tanto poder dentro de la empresa que podía obligar a la gente de Recursos Humanos a secundarla en propagar falsedades, por lo antes mencionado.

Si Orienta PAE violó la confidencialidad y al hacerlo contribuyó a la infamia y la violencia que se perpetró, tocará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tomar medidas a ese respecto y hacer lo que proceda. 

Ese será el objetivo del paso que me dispongo a dar. 

Consumación de una injusticia, primera parte

Durante el fin de semana, más el domingo, pensé en lo que sucedió en esa empresa farmacéutica donde pasé seis años y tres meses de mi vida. Ser contratado en abril de 2015, siendo mi fecha de ingreso el día de mi cumpleaños 51, pareció ser uno de los acontecimientos más afortunados de mi vida; y en cierta forma lo fue, durante algún tiempo. 

He mencionado antes que las dificultades laborales se agravaron a mediados de 2017, en junio, cuando regresé de una incapacidad de seis semanas por una fractura de clavícula, por un accidente en la práctica de mi deporte, el ciclismo de ruta. Un mal compañero, que en ese momento tenía 10 años de antigüedad en la empresa y ocupaba un puesto de jefatura, comenzó a hacerme la vida difícil y así, la segunda mitad de ese año 2017, se convirtió en una pesadilla. 

En marzo de 2018 fue contratado un nuevo director de Recursos Humanos. Un poco antes de su llegada, yo había enviado un escrito, vía Outlook, al “comité de ética”, una de esas cosas que no sirven absolutamente para nada, sin saber a quién me estaba dirigiendo. Quien haya recibido el documento hizo caso omiso del mismo y jamás recibí ninguna respuesta. Yo conocía al nuevo director de RH, de vista, y un día a mediados de abril, a punto de cumplir tres años en la empresa, fui a su oficina y hablé con él; pareció una buena experiencia.

En agosto de 2018, se contrató a una mujer para un puesto de gerencia recién creado, que sería jefa directa del Delincuente Narcisista. La semana anterior a su llegada, estando de vacaciones la directora del departamento al que el Narciso y yo pertenecíamos —la persona con más poder dentro de toda la empresa, por haber dado a ganar muchísimo dinero— envié al director de RH un documento informándole de las malas acciones de ese acosador (el Delincuente Narcisista) al que se conocía como una de las personas más dañinas de toda la empresa. La directora de mi departamento regresó la semana siguiente, y el director de RH habló con ella sobre el asunto que yo le había expuesto. Esa mujer, de nombre Silvia, habló conmigo en su oficina con la puerta cerrada y se comprometió a “observar a Omar”, el Narciso acosador. La siguiente semana llegó la mujer que ocuparía el puesto de gerencia recién creado, y me fue presentada. Yo me mostré amable con ella, como lo había hecho con cada persona que había llegado al departamento, pero el Narciso se dio a la tarea de manipularla de inmediato; nuestra directora le había dicho que me dejara en paz (había hecho eso mismo mucho tiempo antes) y él tomó la advertencia como un acicate. 

En las semanas que siguieron, durante el mes de septiembre, la nueva gerente (de nombre Blanca) comenzó a agredirme sistemáticamente. Nos encontrábamos de frente con bastante frecuencia, podríamos decir cotidianamente, porque el lugar de ella se encontraba en un área a espaldas de mi escritorio. Ella me miraba con una tremenda hostilidad, y una vez que yo hablaba con nuestra directora en su oficina, con la puerta abierta, de pronto miré a mis espaldas y descubrí a Blanca mirándome como a la persona más despreciable del mundo. A esta mujer agresiva no se le ocurrió pensar que lo que le había dicho su subalterno de mí, podía no ser cierto. Este es un caso de violencia de género, pero a la inversa; una mujer agrede a un hombre sin el menor motivo; por haber hecho eso, ella debió ser dada de baja, pues que un mal individuo le haya dicho falsedad y media no es justificación para agredir a nadie y su subalterno había cometido el delito de difamación de honor, daño moral, mismo que por órdenes de nuestra directora, el personal de la empresa se encargó de encubrir, incurriendo en un segundo delito. 

La crisis se presentó a principios de octubre de 2018 y cuando yo acudí a esa directora, Silvia, ella se dirigió a Recursos Humanos, a su director y el médico que ocupaba la jefatura de servicios médicos, y les ordenó (pese a que no le reportaban a ella) que manejaran el asunto como si el problema fuera yo. Al cumplir un año en mi empleo, en los últimos días de abril de 2016, el médico se había enterado de que yo padecía un trastorno psiquiátrico y llegado el momento, usó eso contra mí. 

Se me pidió entonces que acudiera a la institución donde recibía la atención psiquiátrica a pedir un “dictamen” sobre mi tratamiento y su proceso, como si padecer alguna patología mental fuera un delito. Por órdenes de esa directora, Silvia Romero Medina, el director de Recursos Humanos y su subalterno, el médico Eduardo Bishop Montoya, adoptaron la postura de que nadie me hizo nada y mi mente enferma me había jugado una mala pasada, el loquito se había imaginado todo. Se me separó de mi trabajo durante casi dos semanas (un total de ocho días hábiles) y cuando regresé, el médico me pidió que fuera a hablar con él cada dos lunes, para que él evaluara mi estado anímico. Este señor, Eduardo Bishop Montoya, es un médico general que se las da de “doctor” (como la inmensa mayoría de sus colegas) era un bien conocido inútil, de un nivel intelectual deplorable (analfabeta funcional, carente de la capacidad de hacer cálculos aritméticos de tercer año de primaria) cuya apariencia refleja una terrible salud tanto física como mental (presenta un adelanto en su reloj biológico de por lo menos 10 años), además de un patán cobarde (trata muy mal a quienes le reportan y muestra una actitud muy hostil hacia la mayoría de los empleados.

Con tres años y medio de antigüedad en mi trabajo, un cierto número de personas se habían dado cuenta de que mi nivel intelectual era más alto que el promedio, en una medida significativa. No obstante, ese señor, el médico, me dijo una vez, mientras hacía su “evaluación” sobre mi estado mental, que el Delincuente Narcisista, Omar Jaudiel Correa Cárdenas, era “un tipo como cualquier otro, sin grandes virtudes pero también sin grandes defectos”. 

Así, este débil mental (que a todas luces apenas rebasa el límite inferior en la puntuación para librar la deficiencia mental) pretendió hacer gala de una inequívoca superioridad intelectual, algo verdaderamente inconcebible. 

Esa empresa, Productos Maver, se anuncia como “incluyente”, que da empleo a “todos los talentos, personas convencionales y con otras capacidades”. Y anunciándose así, y autoproclamándose “empresa socialmente responsable” y con letreritos por aquí y por allá que rezan “en Maver no se permite la discriminación”, manejaron mi asunto, la violencia laboral de que fui objeto —incluso con la comisión de delitos— como inexistente, una manifestación de mi patología, de mi locura. La Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM 035 STPS) que se ocupa de la identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, quedó sin el menor efecto, cuando su cumplimiento no es opcional, sino obligatorio. 

A partir de ese mes de octubre de 2018, mi situación se hizo todavía más difícil, pues el Narciso continuó haciendo de las suyas, manipulando a muchos integrantes del departamento (sobre todo a quienes le reportaban, que en su mayoría eran además sus amigos) y yo tenía que vivir en la indefensión, no tenía nadie a quien recurrir. De haberme dirigido a Recursos Humanos, me habrían preguntado “¿tienes pruebas?” y la directora, Silvia Romero Medina (que había convertido ese departamento en su coto de poder) argumentaría “Oscar ya se imaginó que alguien le hizo algo, que alguien lo difamó, que sus compañeros muestran hostilidad contra él”. 

Conforme ha pasado el tiempo, los casi 11 meses desde aquel martes 17 de agosto en que fui despedido, me he ido dando cuenta de la gravedad de todo esto y he vivido un estrés postraumático. 

Independientemente de lo que haya sucedido en relación con posibles consecuencias para la empresa y las personas que participaron en todo lo arriba mencionado, tengo intenciones de escribir un documento y hacerlo llegar al organismo gubernamental que regula los asuntos laborales en mi país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Violencia y despojo laboral, segunda parte

Volviendo al tema de mi último encuentro con la directora del que era mi departamento, Silvia Romero Medina, debo agregar que presa de una furia homicida, esa mala mujer me informó que al día siguiente, viernes 13 de agosto, iba a sostener una junta con el director general de la compañía, en la que ella decidiría si me despedía; esto último era ya, en ese momento, una certidumbre.

Al mencionar a esa empresa subcontratada, Orienta PAE, Programa de Asistencia a Empleados, Santiago de Querétaro, me dijo Silvia Romero Medina que su director había decidido retirarme sus servicios (lo mismo que me había dicho el martes de la semana anterior, 3 de agosto) y eso le daría muy mala imagen a la empresa donde yo todavía trabajaba. No entiendo cómo podría suceder esto último, pues hasta donde yo sé, la información no fue difundida en ningún medio informativo local, nacional, ni mucho menos internacional. 

Agregó además que ese señor, el director de Orienta PAE había reportado que yo había hecho un “uso excesivo del servicio”, que había hablado con ocho psicólogos.

Como dije antes, no sé si todo este asunto de la comunicación de Orienta PAE y el supuesto retiro de sus servicios sea cierto, pues esa mala mujer es capaz de mentir a ese respecto; de hecho, la señora es una verdadera delincuente. 

Si lo que me dijo esa señora, la directora del departamento al que yo pertenecía, era cierto, en relación con Orienta PAE, el personal de esa empresa habría violado la confidencialidad, pues en lo referente a ese servicio de orientación emocional, se comprometen a no dar ninguna información sobre los temas tratados por el usuario, a menos que este tenga intenciones de quitarse la vida; por supuesto, esto último no era el caso. Además, si se ofrece ese servicio de orientación emocional de forma ilimitada, no pude haber hecho “uso excesivo” y comunicar eso a la empresa llevaría la intención de hacer el mayor daño posible.

Si el personal de Orienta PAE hizo lo antes indicado, habría incurrido en faltas muy graves que debería atender la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mas vuelvo a aclarar que no sé si eso ocurrió. 

Mencioné en un párrafo anterior que Silvia Romero Medina es una verdadera delincuente porque haciendo uso del poder sin límites que tenía dentro de la empresa, por órdenes suyas, se generó documentación falsa para el desarrollo de productos (medicamentos). Se redactaban informes de pruebas de química analítica que nunca se hicieron, y cuando las pruebas sí se hacían y arrojaban resultados no aprobatorios, estos se falseaban. Esa documentación se usaba para trámites ante COFEPRIS o para presentar evidencia durante las auditorías periódicas de ese organismo gubernamental regulatorio. 

Mi intención al dar a conocer esta información es que los actos indebidos cometidos por personas como Silvia, su intocable Omar e incluso el médico de la empresa, no queden impunes. 

En relación con Orienta PAE, quisiera expresar mi gratitud a las psicólogas Érika Maya, que me daba el seguimiento; y a Blanca Nava, que me atendía cuando Érika no estaba disponible o yo estaba pasando por momentos muy difíciles. 

Violencia y despojo laboral, primera parte

Un martes 3 de agosto de 2021, usé el servicio de asesoría emocional de Orienta PAE (programa de asistencia a empleados, Santiago de Querétaro) vía telefónica, cuyo seguimiento me daba la psicóloga Érika Maya. Posiblemente hice esto alrededor de la una de la tarde.

Unas dos horas más tarde, la directora de mi departamento en esa farmacéutica, Silvia Romero Medina, me pidió que hablara con ella en su oficina con la puerta cerrada. Me dijo entonces que el director de Orienta PAE me había restringido la atención, una expresión inexacta pues en realidad lo que había hecho era retirarme todos sus servicios. Aquí es necesario aclarar que no sé si eso sea cierto, pues esa mala mujer parecía muy capaz de idear algo así, hacerme creer que se había tomado esa medida, confiando en que yo no haría nada para comprobar que así hubiera ocurrido. De hecho, yo pregunté ¿puedo hacer una última llamada? No te lo recomiendo, respondió ella.

En los días que siguieron, enfrenté situaciones que ya se habían vuelto rutinarias, pero no por ello para mí menos lesivas. Compañeros que unos meses antes habían llegado al departamento al que yo pertenecía comenzaron a evitarme, lo cual yo atribuí a que mi antagonista, un mal compañero que había comenzado a hacerme la vida difícil cuatro años antes (2017) y durante agosto, septiembre y octubre de 2018 había hablado falsedades sobre mi persona a su jefa directa (recién llegada a la empresa), incurriendo en delito de difamación de honor, daño moral, seguía haciendo de las suyas. El nombre de ese mal individuo es Omar Jaudiel Correa Cárdenas, se le conocía por toda la empresa como una persona muy dañina, un intocable por la protección que le brindaba Silvia, esta última, la persona con más poder en toda la empresa.

Poco tiempo antes se había aplicado la encuesta anual de clima laboral, que yo me negué a responder porque pese a que cada vez que se aplicaba se obtenían resultados terribles, peores que los del año anterior llegando incluso a una gravedad que podría calificarse de catastrófica, no se hacía nada para cambiar el terrible ambiente de trabajo, sin importar que se violara la norma oficial mexicana NOM 035 STPS para identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio, no opcional. 

El personal de recursos humanos estaba imposibilitado para hacer su trabajo porque Silvia Romero Medina había convertido ese departamento de Desarrollo en su coto personal, su voluntad era absoluta y no permitía que nadie moviese un dedo para cambiar algo. Si el director de recursos humanos hubiera intentado hacer su labor, contraviniendo la voluntad de Silvia, esta habría dicho al dueño “córreme a este” y ese hombre habría perdido su trabajo en ese momento. Eso mismo habría enfrentado cualquier empleado de la empresa que hubiese hecho cualquier cosa que contraviniera la voluntad de esa mala mujer. 

Por ello, no me parece descabellado suponer que el personal de recursos humanos se vio obligado a secundar a Silvia cuando me informó que ya no contaba con ningún servicio de Orienta PAE, del cual yo hacía uso frecuente de la asesoría emocional. Incluso, busqué a la gerente de recursos humanos el jueves 12 de agosto y ella me confirmó que lo que me había dicho Silvia, lo cual no confirma que eso fuera cierto, pues esa gerente de recursos humanos pudo haberse visto obligada a mentir a ese respecto, por lo antes mencionado.

Horas más tarde, ese mismo día, jueves 12 de agosto, Silvia me pidió que hablara con ella en su oficina, otra vez con la puerta cerrada. Ahora mostraba una furia que parecía homicida. Me dijo que debía mostrar evidencia de que estaba recibiendo atención psiquiátrica, como si haber sido objeto de violencia en mi lugar de trabajo (tan grave que involucró las conductas delictivas de Omar Jaudiel Correa Cárdenas, un bien conocido acosador) hiciera de mí un delincuente o algo parecido, un peligro para otras personas.

En octubre de 2018, yo había tomado un día de descanso a cuenta de vacaciones y había comunicado a Silvia, por WhatsApp, que su gerente recién llegada, jefa directa de Omar Correa, había estado agrediéndome sistemáticamente y yo atribuía ese comportamiento a que había sido manipulada por su subalterno. Ella se dirigió al gerente de recursos humanos para ordenarle (aunque él no le reportaba a ella) que me mandara llamar para responder por mis gravísimas faltas. 

Recibí una llamada a mi celular proveniente del médico que ocupaba la jefatura de servicios médicos, de nombre Eduardo Bishop Montoya, que me pedía que acudiera a la empresa a la una de la tarde para reunirme con él y con su jefe directo, el jefe de recursos humanos. Así lo hice y ellos me pidieron que acudiera a la institución pública donde recibía la atención psiquiátrica y solicitara un “dictamen” sobre el curso de mi tratamiento.

Resulta fácil deducir que a ese director de recursos humanos, que había llegado a la empresa unos siete meses antes, se le había informado que todos los empleados de la empresa eran susceptibles de ser despedidos si Silvia se lo ordenaba al dueño de la compañía. Se me separó de mi labor durante casi dos semanas, manejando el asunto como si nadie me hubiera hecho nada y mi percepción de haber sido agredido se hubiera dado como una manifestación de mi patología. 

Esto fue una verdadera vileza, muy representativa del tipo de violencia que se ejerce contra las personas que viven con un diagnóstico de enfermedad mental, un verdadero estigma. Cuando son agredidas, de forma verbal, con golpes físicos o incluso son objeto de abuso sexual o violación, sus quejas o denuncias son descalificadas, argumentando que sus patologías son la causa y origen de su percepción de haber sido violentadas.

Y así esa empresa farmacéutica se anuncia como incluyente, que acepta personas “convencionales” y con algún tipo de discapacidad; por añadidura, afirman que en su compañía no se permite la discriminación y cuentan con un código de ética. Además, ostenta el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, todo lo cual representa una verdadera afrenta contra la dignidad de muchos de sus empleados.