Violencia y despojo laboral, segunda parte

Volviendo al tema de mi último encuentro con la directora del que era mi departamento, Silvia Romero Medina, debo agregar que presa de una furia homicida, esa mala mujer me informó que al día siguiente, viernes 13 de agosto, iba a sostener una junta con el director general de la compañía, en la que ella decidiría si me despedía; esto último era ya, en ese momento, una certidumbre.

Al mencionar a esa empresa subcontratada, Orienta PAE, Programa de Asistencia a Empleados, Santiago de Querétaro, me dijo Silvia Romero Medina que su director había decidido retirarme sus servicios (lo mismo que me había dicho el martes de la semana anterior, 3 de agosto) y eso le daría muy mala imagen a la empresa donde yo todavía trabajaba. No entiendo cómo podría suceder esto último, pues hasta donde yo sé, la información no fue difundida en ningún medio informativo local, nacional, ni mucho menos internacional. 

Agregó además que ese señor, el director de Orienta PAE había reportado que yo había hecho un “uso excesivo del servicio”, que había hablado con ocho psicólogos.

Como dije antes, no sé si todo este asunto de la comunicación de Orienta PAE y el supuesto retiro de sus servicios sea cierto, pues esa mala mujer es capaz de mentir a ese respecto; de hecho, la señora es una verdadera delincuente. 

Si lo que me dijo esa señora, la directora del departamento al que yo pertenecía, era cierto, en relación con Orienta PAE, el personal de esa empresa habría violado la confidencialidad, pues en lo referente a ese servicio de orientación emocional, se comprometen a no dar ninguna información sobre los temas tratados por el usuario, a menos que este tenga intenciones de quitarse la vida; por supuesto, esto último no era el caso. Además, si se ofrece ese servicio de orientación emocional de forma ilimitada, no pude haber hecho “uso excesivo” y comunicar eso a la empresa llevaría la intención de hacer el mayor daño posible.

Si el personal de Orienta PAE hizo lo antes indicado, habría incurrido en faltas muy graves que debería atender la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mas vuelvo a aclarar que no sé si eso ocurrió. 

Mencioné en un párrafo anterior que Silvia Romero Medina es una verdadera delincuente porque haciendo uso del poder sin límites que tenía dentro de la empresa, por órdenes suyas, se generó documentación falsa para el desarrollo de productos (medicamentos). Se redactaban informes de pruebas de química analítica que nunca se hicieron, y cuando las pruebas sí se hacían y arrojaban resultados no aprobatorios, estos se falseaban. Esa documentación se usaba para trámites ante COFEPRIS o para presentar evidencia durante las auditorías periódicas de ese organismo gubernamental regulatorio. 

Mi intención al dar a conocer esta información es que los actos indebidos cometidos por personas como Silvia, su intocable Omar e incluso el médico de la empresa, no queden impunes. 

En relación con Orienta PAE, quisiera expresar mi gratitud a las psicólogas Érika Maya, que me daba el seguimiento; y a Blanca Nava, que me atendía cuando Érika no estaba disponible o yo estaba pasando por momentos muy difíciles. 

Violencia y despojo laboral, primera parte

Un martes 3 de agosto de 2021, usé el servicio de asesoría emocional de Orienta PAE (programa de asistencia a empleados, Santiago de Querétaro) vía telefónica, cuyo seguimiento me daba la psicóloga Érika Maya. Posiblemente hice esto alrededor de la una de la tarde.

Unas dos horas más tarde, la directora de mi departamento en esa farmacéutica, Silvia Romero Medina, me pidió que hablara con ella en su oficina con la puerta cerrada. Me dijo entonces que el director de Orienta PAE me había restringido la atención, una expresión inexacta pues en realidad lo que había hecho era retirarme todos sus servicios. Aquí es necesario aclarar que no sé si eso sea cierto, pues esa mala mujer parecía muy capaz de idear algo así, hacerme creer que se había tomado esa medida, confiando en que yo no haría nada para comprobar que así hubiera ocurrido. De hecho, yo pregunté ¿puedo hacer una última llamada? No te lo recomiendo, respondió ella.

En los días que siguieron, enfrenté situaciones que ya se habían vuelto rutinarias, pero no por ello para mí menos lesivas. Compañeros que unos meses antes habían llegado al departamento al que yo pertenecía comenzaron a evitarme, lo cual yo atribuí a que mi antagonista, un mal compañero que había comenzado a hacerme la vida difícil cuatro años antes (2017) y durante agosto, septiembre y octubre de 2018 había hablado falsedades sobre mi persona a su jefa directa (recién llegada a la empresa), incurriendo en delito de difamación de honor, daño moral, seguía haciendo de las suyas. El nombre de ese mal individuo es Omar Jaudiel Correa Cárdenas, se le conocía por toda la empresa como una persona muy dañina, un intocable por la protección que le brindaba Silvia, esta última, la persona con más poder en toda la empresa.

Poco tiempo antes se había aplicado la encuesta anual de clima laboral, que yo me negué a responder porque pese a que cada vez que se aplicaba se obtenían resultados terribles, peores que los del año anterior llegando incluso a una gravedad que podría calificarse de catastrófica, no se hacía nada para cambiar el terrible ambiente de trabajo, sin importar que se violara la norma oficial mexicana NOM 035 STPS para identificación y prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio, no opcional. 

El personal de recursos humanos estaba imposibilitado para hacer su trabajo porque Silvia Romero Medina había convertido ese departamento de Desarrollo en su coto personal, su voluntad era absoluta y no permitía que nadie moviese un dedo para cambiar algo. Si el director de recursos humanos hubiera intentado hacer su labor, contraviniendo la voluntad de Silvia, esta habría dicho al dueño “córreme a este” y ese hombre habría perdido su trabajo en ese momento. Eso mismo habría enfrentado cualquier empleado de la empresa que hubiese hecho cualquier cosa que contraviniera la voluntad de esa mala mujer. 

Por ello, no me parece descabellado suponer que el personal de recursos humanos se vio obligado a secundar a Silvia cuando me informó que ya no contaba con ningún servicio de Orienta PAE, del cual yo hacía uso frecuente de la asesoría emocional. Incluso, busqué a la gerente de recursos humanos el jueves 12 de agosto y ella me confirmó que lo que me había dicho Silvia, lo cual no confirma que eso fuera cierto, pues esa gerente de recursos humanos pudo haberse visto obligada a mentir a ese respecto, por lo antes mencionado.

Horas más tarde, ese mismo día, jueves 12 de agosto, Silvia me pidió que hablara con ella en su oficina, otra vez con la puerta cerrada. Ahora mostraba una furia que parecía homicida. Me dijo que debía mostrar evidencia de que estaba recibiendo atención psiquiátrica, como si haber sido objeto de violencia en mi lugar de trabajo (tan grave que involucró las conductas delictivas de Omar Jaudiel Correa Cárdenas, un bien conocido acosador) hiciera de mí un delincuente o algo parecido, un peligro para otras personas.

En octubre de 2018, yo había tomado un día de descanso a cuenta de vacaciones y había comunicado a Silvia, por WhatsApp, que su gerente recién llegada, jefa directa de Omar Correa, había estado agrediéndome sistemáticamente y yo atribuía ese comportamiento a que había sido manipulada por su subalterno. Ella se dirigió al gerente de recursos humanos para ordenarle (aunque él no le reportaba a ella) que me mandara llamar para responder por mis gravísimas faltas. 

Recibí una llamada a mi celular proveniente del médico que ocupaba la jefatura de servicios médicos, de nombre Eduardo Bishop Montoya, que me pedía que acudiera a la empresa a la una de la tarde para reunirme con él y con su jefe directo, el jefe de recursos humanos. Así lo hice y ellos me pidieron que acudiera a la institución pública donde recibía la atención psiquiátrica y solicitara un “dictamen” sobre el curso de mi tratamiento.

Resulta fácil deducir que a ese director de recursos humanos, que había llegado a la empresa unos siete meses antes, se le había informado que todos los empleados de la empresa eran susceptibles de ser despedidos si Silvia se lo ordenaba al dueño de la compañía. Se me separó de mi labor durante casi dos semanas, manejando el asunto como si nadie me hubiera hecho nada y mi percepción de haber sido agredido se hubiera dado como una manifestación de mi patología. 

Esto fue una verdadera vileza, muy representativa del tipo de violencia que se ejerce contra las personas que viven con un diagnóstico de enfermedad mental, un verdadero estigma. Cuando son agredidas, de forma verbal, con golpes físicos o incluso son objeto de abuso sexual o violación, sus quejas o denuncias son descalificadas, argumentando que sus patologías son la causa y origen de su percepción de haber sido violentadas.

Y así esa empresa farmacéutica se anuncia como incluyente, que acepta personas “convencionales” y con algún tipo de discapacidad; por añadidura, afirman que en su compañía no se permite la discriminación y cuentan con un código de ética. Además, ostenta el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, todo lo cual representa una verdadera afrenta contra la dignidad de muchos de sus empleados.